Ventas de lugares hispanos han caído.
 La crisis económica, la falta de clientela y la aprobación de la ley estatal SB 1070 son algunas de las causas por las que muchos negocios hispanos están cerrando sus puertas en Arizona. “La recesión económica ha sido muy fuerte para todos, pero particularmente para los negocios latinos. A esto se le agrega ahora que muchos de ellos están perdiendo a diario su clientela ante la próxima implementación de la ley estatal SB 1070”, dijo James E. García, director de comunicación de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona (AZHCC).
García recordó que en Arizona se han aprobado varias leyes estatales en contra de la inmigración indocumentada en los últimos años, que cambiaron el sistema de educación bilingüe en el estado, negaron servicios públicos a los inmigrantes indocumentados y una de las más recientes, la de sanciones de empleadores, que penaliza a los negocios que contraten trabajadores indocumentados.
“Estas leyes han tenido el propósito de hacer la vida miserable a los inmigrantes indocumentados, la SB 1070 es la más reciente de ellas, pero considero que es la que está provocando el mayor temor, particularmente entre los indocumentados”, enfatizó García.
Según García, muchos negocios han reportado que sus ventas han disminuido considerablemente desde que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó la SB 1070 el pasado 23 de abril.
Principalmente, han cerrado negocios pequeños ubicados en vecindarios con altas concentraciones de población hispana, que fueron establecidos con el propósito de atender las necesidades de la comunidad inmigrante.
Uno de estos casos es el del restaurante “Camp-eones”, en Mesa, Arizona, del que uno de sus copropietarios es el boxeador mexicano Julio Cesar Chávez, y que la semana pasada cerró sus puertas después de poco más de un año de operaciones.
Con una inversión aproximada de $4.5 millones de dólares, el restaurante contaba con un centro de eventos para 700 personas.
Brian Weymouth, presidente de las empresas Julio Cesar Chávez, dijo a medios locales que la clientela del restaurante había disminuido considerablemente antes y después de la firma de la SB 1070.
“Mi clientela ha bajado mucho en el último mes, yo creo que en un 40 por ciento”, dijo Manuela Díaz, dueña de una peluquería en Phoenix.
Díaz, cuya clientela es en un 99 por ciento hispana, comentó que los inmigrantes no dejan de hablar sobre la SB 1070.
“Mucha gente solo estaba esperando que terminaran las clases en las escuelas para irse a otros estados; los esposos de algunas de mis clientas ya se han ido a buscar un nuevo lugar para la familia y cuando tengan trabajo van a mandar por ellos”, dijo Díaz.
Aseguró que ella misma se encuentra estudiando la posibilidad de cerrar su negocio y mudarse con unos familiares en Nevada, donde con su ayuda podría abrir otro negocio.
Mientras, las filas de espera en el Consulado General de México en Phoenix se han incrementado considerablemente en las últimas semanas.
Inmigrantes indocumentados como Carlos Cervantes, de 44 años de edad, dijo que ya se encuentra listo para regresar a México, por lo que solo le falta acudir al Consulado de México para revalidar los estudios de sus hijos hechos en Estados Unidos para que pueda inscribirlos en escuelas públicas mexicanas.
Lo que más preocupa a Cervantes es la idea de que lo puedan meter a la cárcel solo por no tener papeles.
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Realmente, creo que no necesitamos esas políticas aquí en Oklahoma. El Racial Profiling es discriminación pura y esperemos que eso no se implemente en nuestro estado.